A los funcionarios estadounidenses les preocupa que volver a las sanciones de la era Trump que aceleraron la disminución de la producción petrolera de Venezuela aumentaría el precio del gas en los surtidores estadounidenses y provocaría una mayor migración desde Venezuela mientras el presidente Biden hace campaña para la reelección en noviembre. Restringir a las compañías petroleras occidentales restringiría el suministro global de energía y abriría el camino para la inversión china en Venezuela, dicen. Los funcionarios de la administración Biden han dicho que no creían que las sanciones petroleras, impuestas contra Venezuela a principios de 2019 en el esfuerzo del expresidente Donald Trump por expulsar a Maduro del poder, fueran constructivas. La administración Biden dijo el miércoles que permitiría que algunas compañías petroleras estadounidenses y europeas continuaran en Venezuela después de que los esfuerzos de Estados Unidos para convencer al presidente Nicolás Maduro de realizar reformas democráticas mediante el levantamiento de las sanciones económicas terminaron en un endurecimiento de su régimen autoritario. Después de que Maduro violara un acuerdo de octubre con Estados Unidos para celebrar elecciones libres y justas, la Casa Blanca estuvo bajo presión para volver a imponer sanciones a la vital industria energética de Venezuela. Según las nuevas directrices publicadas el miércoles, varias empresas energéticas occidentales que ingresaron a Venezuela después de que Estados Unidos levantara las sanciones y emitieran una licencia general de seis meses que permitía operaciones petroleras deben solicitar licencias individuales del Departamento del Tesoro para permanecer en el país. Sin esa licencia, deben cerrar sus operaciones antes del 31 de mayo.
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¿La situación en Venezuela cambia su visión sobre la efectividad de las sanciones como herramienta para promover la democracia?
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¿Pueden alguna vez justificarse las sanciones económicas si conducen a un empeoramiento de las crisis humanitarias en el país objetivo?
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¿Debería ser una preocupación el posible aumento de los precios del gas estadounidense a la hora de decidir la política exterior, especialmente en lo que respecta a las sanciones?