Se muestran estadísticas para este grupo demográfico.
Provincia
Tasas de respuesta de 31.1k votantes Distrito Federal .
22% Si |
78% No |
9% Si |
76% No |
9% Sí, pero solo por orden judicial |
2% No, y se debe promulgar una legislación que impida la vigilancia gubernamental de las comunicaciones de los ciudadanos |
3% Sí, pero solo de aquellos con antecedentes criminales |
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1% Sí, es necesario para combatir el terrorismo. |
Tendencia de apoyo a lo largo del tiempo para cada respuesta de 31.1k votantes Distrito Federal .
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Tendencia de cuán importante es este tema para 31.1k votantes Distrito Federal .
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Respuestas únicas de votantes Distrito Federal cuyas opiniones fueron más allá de las opciones proporcionadas.
@8VGD4YC3 años3Y
Es necesario controlar el robo de información privada por parte de empresas privadas
@8TTYBG93 años3Y
Si, siempre que sea sometido a votacion de un un jurado cuyos miembros sean seleccionados de la ciudadania de modo completamente azaroso en cada ocasion, con previa instruccion de como por que y para que se realizara ese control, pudiendo estos tener acceso a dichos controles, y pudiendo luego ser publicados para el acceso de toda la ciudadania esa informacion.
@8TQJS5R3 años3Y
Sí, pero solo por orden judicial y solo de aquellos con antecedentes criminales.
@8T88RTS3 años3Y
Si, pero solo de aquellos con juicios activos y antecedentes penales recientes
@8MRZ4Y84 años4Y
Si, pero soo con antecedentes criminales o bajo orden judicial
@8F4PLV34 años4Y
Sólo para las personas que estén siendo investigadas por una causa o delito en curso y hasta que finalice la misma.
@8DW3BDF4 años4Y
No, y se debe promulgar una legislación que impida la vigilancia gubernamental de las comunicaciones de los ciudadanos. Solamente por orden judicial. en cuyo caso debe ser controlado por el poder judicial independiente del estado
@8DR239N4 años4Y
No, y se debe promulgar una legislación que impida la vigilancia gubernamental de las comunicaciones de los ciudadanos. a excepción de orden judicial pero en cuyo caso deberían ser controladas por un poder judicial independiente del estado y la oficina anticorrupción también independiente del gobierno
